Hermoza Ríos piensa
(hipotéticamente): “Pobre Presidente Fujimori, pensar que no sabe absolutamente
nada de lo que hacemos en el país, si no indulta a los guerrilleros del grupo
Colina, lo mandamos a la mierda, así que a obedecerme calladito nomás”.
El 29 de enero de 1992, más de
dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La
Cantuta, efectivos del grupo Colina, al mando del mayor (r) del Ejército
Peruano (EP), Santiago Martin Rivas, acudieron a Pativilca para cumplir con un
"encargo" del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.
Según consta en el expediente
judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño
y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de senderistas, y
pidió a un familiar cercano a Hermoza que "le diera una mano".
Por orden de Hermoza y bajo la
dirección de Martin Rivas, los integrantes de Colina llegaron a la zona a las
dos de la mañana; y secuestraron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz
Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto
Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) .
Luego de reducirlos, los
torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido
el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con
sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.
Este crimen tiene el mismo modus
operandi del ocurrida en la provincia de El Santa, en la región Áncash, el 2 de
mayo de 1992, dos meses antes de la masacre de La Cantuta.
LA IMPLICACIÓN DE FUJIMORI
El técnico de Segunda EP, Jorge
Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina que confesó su participación
en la masacre de Pativilca, ha sido clave para dar con la responsabilidad de
Fujimori en este crimen.
Ortiz Mantas es uno de los pocos
exagentes que ha señalado que Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de
Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El 8 de febrero del 2008, en una
sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, quien respondía a las
órdenes de Fujimori. Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de
Colina, el exagente respondió:
"(El mayor Santiago) Martin
Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general Federico
Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante
general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que
demuestra que el general Hermoza sabía (...) En el Ejército no es posible. Nada
se hace sin una orden superior".
Esta declaración, además de
sentencias judiciales como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que
indican la responsabilidad de Fujimori como autor mediato, habrían sido
determinantes para que la justicia chilena autorice un nuevo juicio contra el
expresidente por crímenes de lesa humanidad.
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Desde mucho antes de la captura
de Abimael Guzmán Reinoso en setiembre de 1992, el grupo Colina bajo el mando y
autorización desde el gobierno por parte de Alberto Fujimori Fujimori, uno de
los jefes de ese comando paramilitar, ya sabían a plenitud su ubicación después
de su abortada captura en noviembre de 1990 con lo que echa por tierra todo ese
show peliculero sobre los estertores de su captura en setiembre de 1992, dicho
líder se había convertido en una suerte de rehén de la inteligencia peruana
reaccionaria y obviamente con el conocimiento de la embajada norteamericana en
el Perú.
Miente profesionalmente Ketín
Vidal al decir que Sendero Luminoso estaba ya a un paso de tomar el poder en el
país, concepto que forma parte de su megalomanía de otorgarles a sus enemigos
un poder que realmente no tienen para sacar réditos de cualesquier índole.
En el caso Pativilca (y otros
similares) “En este caso el Grupo Colina había dejado de lado la máscara de la
guerra antisubversiva para actuar como sicarios el 2 mayo de 1992, por un
“encargo” que le dio el
entonces
todopoderoso general Nicolás Hermoza al mayor Santiago Martin Rivas. En esa
oportunidad un empresario chino, quien enfrentaba una disputa por unos
terrenos, acusó falsamente a las víctimas de senderistas y pidió a un familiar
cercano al general Hermoza que se hiciera cargo de los pobladores.” (
http://www.cronicaviva.com.pe/columna/matanza-de-pativilca-crimen-sin-castigo/
).
Dicho accionar de los militares
reclutados por los mandos políticos y militares del fujimontesinismo fue
progresivamente mutando en el sicariato, como el actual, donde se entrena, se
protege, se recluta delincuentes comunes que hagan las mismas funciones antaño de
ellos dado que es otro el contexto mediático y no cabe exponerse directamente
como miembros de las fuerzas armadas peruanas reaccionarias.
El caso Pativilca fue algo así
como la partida de nacimiento del poder delincuencial y corrupto constituido a
instancias de seguridad del estado reaccionario que se ofreció a los diferentes
gobiernos regionales del país como parte integral de la guerra contra
subversiva. De allí emergen los engendros como los Orellanas, los Torres y
otras manifestaciones más burdas con alcaldes de poca monta que se vieron “traicionados”
por el contexto mediático derivado a consecuencia del repliegue mediático de
las fuerzas subversivas en todo el país (me atrevo a decir que en otros países
vecinos) a fines de la década de los 90.
A ese tren del sicariato y la
corrupción institucionalizada incluso a ella se plegó el que en su momento
permitió la captura de Abimael Guzmán muy probablemente considerado luego como
el acto de traición del más alto nivel en la inteligencia peruana reaccionaria.
Me refiero al “cazador” Benedicto Jiménez (a) Ñoño, protector del clan
Orellana, que a consecuencia de ello fue marginado convenidamente en los
ascensos de escalas policiales para luego prestar sus servicios a instrumentos
cívico-militares y políticos como también empresariales para hacer plata fácil
con los mecanismos legales que permiten las instituciones del estado
reaccionario constituidos en el país a instancias de la lucha contra Sendero
Luminoso.
La captura y todos sus
prolegómenos solo son parte funcional de lo que ya se había definido con
anterioridad y que la ejecutó el cazador como resultado de la pérdida de
control sobre la seguridad del estado por parte de los mecanismos de
inteligencia apristas (la culminación del primer gobierno del Alan García Pérez)
y el temor inherente a que dicha inteligencia se vuelva contra ellos mismos
(caso del intento de captura del Alan García en el Perú y su posterior asilo en
Francia).
El caso como Odebrecht no se
circunscribe a esta modalidad de corruptela institucionalizada sino que se
reciclaba acorde con esta estructura ya consolidada con el fujimontesinismo e
instrumentada indistintamente sea con el toledismo, aprismo, humalismo o los
que fueran.
El espionaje telefónico, el
chuponeo, se configura a partir del patrón estructural fujimontesinista
derivado a consecuencia de la lucha contra Sendero Luminoso y en cierto sentido
contra el MRTA. Sobre ella se han montado las diversas formas politiqueras
electorales en el país que utilizan esos ‘services’ ilegales en el mercado de
las telecomunicaciones que dicho sea de paso, también pretende deshacerse de su
intervención directa (como los sicarios del grupo Colina) alquilando servicios
clandestinos, ofreciendo materiales diversos en el mercado informático informal
haciendo ver como que es fácil de disponer sobre las cuentas de ahorristas y
empresarios en el país, registros de llamadas, es decir, la de deshacerse de
responsabilidades legales y políticas para crear adrede un clima de zozobra en
el Perú tal y como ya se consolidó en otros países caso de México con el apoyo ‘incondicional’
de los EEUU. Y como somos incompetentes en este país, hay que permitir que todo
suceda así como se le dejó carta libre a fines de 1990 a Abimael Guzmán para seguir
operando por dos años más hasta su captura final o como para que algunos
aviones (entre ellos algunos aviones fantasmas) penetraran fácilmente en el
espacio aéreo de New York el 11S.
Esta clase política (con atisbos de
gendarmería militar policiales) en esencia fujimontesinista pero no declarada
fujimontesinista está todavía en los diferentes instituciones del estado
reaccionario peruano aunque bajo formas más estilizadas y recubiertas convenientemente
con las normas mediáticas y las leyes engendradas para ese sustento. La crisis
que emerja en el país se deberá por ello exclusivamente a esa estructura
neoliberal y no a otras razones que se puedan esgrimir salvo que para buscar
culpables gratuitos o chivos expiatorios. La actual crisis general en el país
se debe a lo mismo; la delincuencia inteligentemente organizada por los
mecanismos de seguridad del estado reaccionario, el sicariato, los marcas, las
mafias, el narcotráfico policial militar e incluso la delincuencia común está
construida a partir del sistema incipiente capitalista neoliberal servil y
dependiente peruano. La herencia neoliberal de los Fujimori y Montesinos.
Seguridad del estado
reaccionario, los medios de comunicación y la opinión pública afín por aquel
entonces declararon que fue Sendero Luminoso el responsable del asesinato de
dichos campesinos en Pativilca (como el caso de algunos líderes sindicales
estorbos al gobierno como Pedro Huillca Tecse por el cual muchos ingenuos
siguen creyendo que Sendero Luminoso se atribuyó la “autoría” y que fueron los
mismos líderes que lo afirmaron y en qué condiciones por supuesto). Entendimos muy
bien las implicancias de la corruptela política y politiquera del
fujimontesinismo por permitir asesinatos y genocidios al amparo de una falsa “lucha”
contra el “terrorismo”, es decir, también la de robar descaradamente en
cualesquier lugar del país, vidas, propiedades particulares y comunales de quienes
no pensaban como ellos o no coincidían en su lucha contra Sendero Luminoso
atribuyendo a éstos la autoría.
Si se capturó a Abimael Guzmán,
si se derrotó al terrorismo, no cabe duda que resultaría fácil también acabar
con la delincuencia común y la delincuencia organizada pero no se hace por
cuestiones de conveniencias diversas de sobrevivencia del sistema, es decir,
las víctimas actuales de este estado de situaciones deben entender que solo son
de responsabilidad del sistema que ellos mismos eligen y defienden; sin pena ni
gloria, es decir, ni deberían de llorar por sus familiares muertos y simplemente
enterrarlos. Bueno, no está mal llorar por inercia, por la costumbre, aceptando
sin cuestionamientos que son un simple y barato costo social (como decía Cara
de Haba en referencia a las víctimas de la matanza de la Cantuta asesinados por
sospecharse plenamente de ser “terroristas”).
Quién sabe el tiempo demasiado cercano
(dada la actual preocupación in extremis de Rex Tillerson, conocedor de la real
situación económica de los EEUU más que nosotros) nos dirá si en el Perú (como
en Siria se hizo con ISIS o Daesh y sus “rebeldes” sirios) se podrá sembrar un
cierto tipo de terrorismo democrático por parte de la embajada norteamericana
con la colaboración de sus inteligentes súbditos políticos, militares y civiles
peruanos. No nos extrañarían sus aptitudes después de lo sucedido con el 11S. Hechos
y pruebas al canto.
Los atentados con dinamita
recientemente ocurridos en Bolivia, Oruro, al margen de ya ser terroristas, todavía
no son evidencias contundentes de una acción terrorista democrática
reaccionaria boliviana, pues harán falta más acciones como esta para poder
establecer que eso está ocurriendo.
Más de lo mismo. El éxito neoliberal.
