domingo, 23 de septiembre de 2012

Y MINISTRO DE ECONOMÍA NO PUDO MÁS CONTENER UNA VERDAD YA DENUNCIADA POR MAGISTERIO


Desde que Alejandro Toledo promulgó la Ley General de Educación la 28044 durante su gobierno (2001 – 2006), todos sin excepción, absolutamente todos los funcionarios desde el gobierno central hasta los de las instancias intermedias (DREs y UGELs) ante las denuncias del magisterio peruano de que con ello se pretendía privatizar la educación en nuestro país y se estaban dando las primeras normas muy bien maquilladas terminológicamente para no alarmar ni asustar a la población respecto de dichos planes privatizadores, incluso nos tildaron de mentirosos y embusteros puesto que según ellos “en ninguna parte de la norma dice que la educación se privatizará”, y frente a nosotros nos decían: “demuéstrennos que se habla de privatización”. Para el escaso entendimiento de muchos incluyendo de los padres de familia ello sonaba razonable pero no para quienes conocedores de las leyes y sus normas asolapadas afines veían que se perseguía dicho propósito.

Hoy el Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla en razón primero al agravamiento de la Crisis Global y a las necesidades de prevenir probables circunstancias de ingobernabilidad (incluyendo los efectos sobre la economía del país) en el país confirma que SÍ QUIEREN ENTREGAR EDUCACIÓN Y SALUD AL SECTOR PRIVADO.


El diario LA RAZÓN de su edición del jueves 20 de setiembre 2012 en la página 7 menciona las afirmaciones del ministro:

“Perú continuará apostando por desarrollar nuevas modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP) con el objetivo de cerrar las brechas de infraestructura y mejorar los servicios en favor de la población”.

“Desde hace dos décadas el país impulsa las APP y considero que es vital mantener su implementación ahora que tenemos una brecha grande de infraestructura por cubrir, especialmente en aquellos sectores enfocados a lograr una mayor inclusión”.

“Hemos dado algunos pasos como en el esquema aplicado a la Línea 1 del Tren Eléctrico o el teatro Nacional. Sin embargo, una vez más la experiencia internacional nos muestra que estos esquemas se pueden aplicar a sectores como Educación, Salud, Seguridad, Ciencia y Tecnología, Formación de Capital Humano, entre otros”.

“Como Estado debemos promover procesos eficientes, transparentes y competitivos que atraigan a las empresas más calificadas y de esa manera asegurar servicios e infraestructura de calidad, cuya operación y mantenimiento sean óptimos”

Además refirió que según reportes del Banco Mundial, solo el 20% de la infraestructura está concesionada, es decir, todavía existe un largo camino por recorrer.

No solo se refiere a la concesión de la infraestructura sino también de los servicios. Tenga en cuenta el lector que la Ley General de Educación la actual 28044 considera ahora a la educación como un servicio (según la ley anterior eliminada la educación era un derecho).

Bajo las condiciones de la dictadura pinochetista en Chile, este proceso fue más acelerado pues las cosas se impusieron de modo rápido y fácil. En nuestro país esto tiene ese impedimento pues no estamos en dictadura (al menos por ahora) pero se pretende instrumentar situaciones y personajes para poder lograrlo.

Así en este propósito converge tanto el gobierno representado por la Ministra de Educación Patricia Salas (militante de Patria Roja) como los dirigentes del CEN de Patria Roja planteando supuestamente leyes diferentes a la de la Carrera Pública Magisterial 29062 de Alan García pero que en la práctica vienen a ser las mismas solo con diferente texto y tipo de papel impreso; o sea: Ley de Carrera Pública magisterial 29062 ~ Ley Consensuada por el CEN de Patria Roja ~ Ley de Reforma Magisterial Gubernamental = Única Nueva Ley del Profesorado por imponerse.

Durante muchos años tildándonos de alarmistas y mentirosos, así como se dijo que no se pretendía privatizar la educación ni la salud en el país, ahora también se esgrime el argumento de que “no habrán despidos masivos” en educación por ende ni en salud. Ya estamos viendo que la mentira tiene patas cortas como se dice vulgarmente.

La emergencia del CNL Sute regiones ha interrumpido (pero no tirado abajo) la connivencia entre el MED y el CEN de René Ramírez y Patria Roja por consolidar este proceso contra la estabilidad laboral de los maestros y el derecho a la educación pública y gratuita de los niños en el país.

La ministra del sector educación Patricia Salas en razón al objetivo privatizador (la palabra neoliberal ni neocolonial no se digiere fácilmente) considera que en ese marco legal y político la propuesta del CNL del Sute Regiones es insostenible, dando a entender que por cuestiones netamente económicas se pretende eliminarla y sustituirla por la de Reforma Magisterial “consensuada”. Del mismo parecer parece ser Luis Miguel Castilla aunque no lo manifiesta públicamente pero Patricia Salas y su Viceministro hablan por él.

No se equivocan quienes dicen que nadie le pidió al CEN del Sute hacer la propuesta de una Ley “Consensuada”, tampoco se debatió presencial y participativamente dentro del magisterio nacional (solo en el Congreso ‘se logrará’ dicho propósito) puesto que habría terminado en el basurero, algo que no sucedió pues hicieron un paro el 14 de junio solo para presentar este proyecto de ley “Consensuada” por el que están en huelga solamente por la exigencia de un incremento “digno” de sueldos pues la defensa de la estabilidad laboral y del derecho a la educación pública y gratuita ya la borraron de su CPU y con su proyecto de Ley Consensuada. Un tremendo engaña muchachos en la creencia de que emergerán como el ave fénix de las cenizas como únicos y legítimos representantes ‘democráticos’ del magisterio (privatizado) gracias a su connivencia con el poder.

Veamos aquí un Cuadro Comparativo elaborado por huelguistas.


Finalmente coincidimos con los que manifiestan que en este contexto privatizador quienes finalmente terminaremos pagando por la educación de nuestros hijos (materiales educativos, pensiones escolares, consumos de electricidad, agua y desagüe, infraestructura, entre otros) y por los sueldos de los profesores y demás empleados educativos seremos final y únicamente nosotros los padres de familia (siempre que tengamos con qué).
Emulando al ministro de economía en cuanto a concesiones en infraestructura y en servicios, en las luchas del magisterio habrá todavía mucho por hacer.