sábado, 12 de enero de 2013

LEY DEL NEGACIONISMO SE NIEGA A SÍ MISMO



En este artículo reproduzco del periodista Augusto Álvarez Rodrich su artículo refiriéndose al tema de la Ley del Negacionismo como penalización de los delitos de opinión en nuestra república bananera, digo país. Si bien no comulgo con dicho personaje, me parece que mencionar su opinión no es para generar necesariamente debate alguno pues sería como hacerlo en el tema del uso obligatorio del condón que hoy se intenta exigir a los actores norteamericanos del cine porno bajo ley.

Lo que me extraña es que se critique con total desparpajo al país de Fidel, Cuba, respecto de la falta de la libertad de expresión-opinión en dicho país y se pretende hacer lo contrario de lo que se dice aquí en nuestro país. Al parecer el aparente ingenuo de Ollanta Humala todavía cree que es posible hacer lo que se dice se hace en Cuba creyendo que persiste su vocación “revolucionaria” de demagogo y mitómano candidato electoral que decía que iba a hacer una “Gran Transformación” contradictoria con lo que hace hoy pero a pesar de ello pretendiendo vincularse oportunista y politiqueramente con posturas “socialistas” que no tienen nada que ver con la política neoliberal adoptada solo por llegar a la presidencia figurettimente en nuestro país.

Ya hemos hablado bastante sobre este tema y creo que es suficiente. El hecho que pretenda dársele más suavidad a este proyecto de ley nos da un indicador probable de que, se diga lo que se diga, esto se ejecutará buscando establecer mecanismos legales que protejan los excesos y corrijan los errores que se pudieran cometer, con más razón aún si el ingenuo de Ollanta Humala pretendiera quedarse cinco años más en el gobierno o creyese que eso fuera posible. Soñar no cuesta nada, incluyendo la ejecución de una Reforma Judicial teniendo como base motivadora este proyecto de ley.

Evo Morales implementó temerosa-preventivamente mecanismos legales similares para suprimir cualesquier voz de oposición real y concreta con la extrema izquierda en Bolivia incluso previendo la presencia de facciones supuestamente ligadas a Sendero Luminoso en dicho país. Una suerte de normas para una especie de Interpol o policía política en Sudamérica que más que socialista han devenido en partidistas y politiqueras mediáticas intentando colgarse del saco del “terrorismo” acuñado en las usinas o fabricas del Pentágono para estar a tono con el juego de la “Lucha contra el terrorismo global” y, con la ley del Negacionismo como política preventiva de la “democracia”, así sobrevivir política, ideológica y programáticamente en el nuevo escenario, todavía no definido, del mundo multipolar.

El pretexto generado en nuestro país respecto de las actividades presuntamente ilícitas del MOVADEF pretende instrumentarse de manera coordinada a nivel sudamericano y no solo en nuestro país lo que involucraría “homogenizar” pensamientos, acciones o decisiones. Saben que toda transformación revolucionaria en Sudamérica involucra costos sociales y económicos, en este caso, se pretende que sean los del MOVADEF y similares a nivel sudamericano los que carguen sobre sus espaldas los ensayos de presunto socialismo que hoy se instrumentan en diversos países sudamericanos. Lo que no encaja en esto es que hasta ahora los del MOVADEF no se están dejando tomar el pelo ni están pisando el palito como se dice, pese a sus contradicciones, consecuentes aún con sus posturas ideológicas y políticas cuestionables o no.

Lamentablemente, no hay  mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. De modo análogo podemos aseverar en los casos de los gobiernos de Venezuela (caso de la enfermedad de Hugo Chávez), Ecuador y Bolivia. De aquí a menos de cinco años estaremos asistiendo a la caída de dichas organizaciones políticas gubernamentales en razón directa a que eso de revolucionarios y socialistas solo la práctica social en el tiempo lo dirá. Más que la propaganda contraria, según sus productos veremos si tienen un carácter socialista como se dicen o es simplemente reaccionaria en esencia.

Aquí dicho artículo:
 
UN PROYECTO INMEJORABLE

Sábado, 12 de enero de 2013

El gobierno insiste con el proyecto del negacionismo.

Como un mal olor que alguien ‘dejó’ en el ascensor, si las malas iniciativas políticas no se extirpan de una vez, siguen en el aire a la espera de un descuido para concretarlas.

Eso es lo que está ocurriendo con el proyecto de ley del negacionismo presentado por el gobierno y ya aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución, y que podría volverse realidad en cualquier día de estos, algo que se debe evitar pues el mismo constituye una clara amenaza a la libertad de expresión.

El proyecto aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución sanciona con hasta quince años de cárcel a quienes, públicamente, nieguen el delito de terrorismo con el fin de promover la comisión de estos ilícitos, hacer apología, o utilizarlos para adoctrinar con fines terroristas.

Este proyecto pretendería corregir las graves deficiencias de la iniciativa previa preparada por el Ejecutivo, enfatizando la provocación a la comisión de delitos de terrorismo a través de la negación. Además, exceptúa a los abogados que defienden a un acusado de terrorismo, a sus familiares, y a los periodistas que difunden información relacionada con actos de negacionismo, sin intención apologística ni incitadora.

La norma en camino alude a un estado mental imposible de probar. Al juzgarse solo expresiones, la determinación de la intención depende de la arbitrariedad o subjetividad del juez y no de un parámetro objetivo.

La propuesta no advierte que la provocación a la comisión de delitos plantea problemas de delimitación y, por ende, de confusión con la figura de instigación a la comisión de delitos, que ya está regulada en el Código Penal y cuenta con una consolidada interpretación de sus alcances en la doctrina y jurisprudencia nacional.

A su vez, no se entiende cómo la negación de algo puede generar o provocar conductas activas como la comisión de delitos de terrorismo o apología de este delito. Es decir, no ayuda a combatir al terrorismo. 
Por sus deficiencias, confusión y redundancia, este proyecto es un serio riesgo a la libertad personal y de expresión, y debe ser rechazado, tal como ya lo ha recomendado el Ipys.

No es la única amenaza reciente del gobierno del presidente Ollanta Humala a la libertad de expresión. Otra es el artículo 12 de la nueva ley que regula el Sistema de Defensa Nacional, el cual establece que la ciudadanía no podrá conocer información relacionada con la seguridad y la defensa porque esta será secreta, sin excepción ni límite de tiempo, y que el periodista que la viole irá a la cárcel hasta por quince años.

Hace tiempo que esta disposición –que amenaza la libertad de expresión y favorece a la corrupción– ha debido ser derogada. Como parece que el Ejecutivo no quiere hacerlo, el Congreso debe actuar cuanto antes.