viernes, 11 de enero de 2013

LOS PRESOS POLÍTICOS DEL “SOCIALISTA” RAFAEL CORREA

Tomado de: http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3582
 
Por: Satya Sagar*
Lunes 31 de diciembre de 2012
(ecuadorlibrered.tk). Es mediodía en un cálido fin de semana y los internos de este centro de detención en la capital ecuatoriana, Quito, se arremolinan alrededor de amigos y familiares que vienen a verlos. Una canción, a ritmo de salsa, resuena con fuerza superando el estruendo de un partido de fútbol en varias pantallas de televisión en el fondo.

El lugar está lleno, con poco espacio para estar de pie. Más de 1.200 presos viven en un espacio destinado únicamente para 300, y ahora cada uno de ellos tiene un visitante o más. Es exactamente como usted se imaginaría que debe ser una prisión de América Latina o del Tercer Mundo, llena de gente, ruidosa, sucia, amenazante.

De repente aparece una mano dentro de la multitud y una voz: ’Hola, soy Víctor Hugo’. Luego veo el rostro de un hombre de unos cuarenta y tantos años, de mirada amable y sincera. Según el gobierno ecuatoriano este empleado de la Universidad Central de Quito es el líder de un grupo "terrorista", que lleva a cabo actos de "sabotaje" contra el Estado. Al estrechar su mano no tengo ninguna que, poco más de 200 años atrás, podría haber sido el verdadero Víctor Hugo.

Víctor y los otros nueve activistas fueron detenidos por un equipo especial de la policía cuando, hace nueve meses, mantenían una reunión en un departamento en un barrio de Quito para discutir la "Marcha de los Pueblos por el Agua, la Vida y la Dignidad" que estaba a punto de comenzar en unos días. En la movilización, del 8 al 22 de marzo, miles de indígenas y trabajadores desde el sur amazónico hasta las tierras altas de Quito se manifestaron en contra de la política del Presidente Rafael Correa de permitir la minería a gran escala en zonas ecológicas sensibles y su intención de aplastar el activismo sindical.

"Nuestra reunión apenas había comenzado cuando la policía irrumpió en la casa sin una orden de registro y nos mantuvo secuestrados durante siete horas. No tenían ninguna acusación contra nosotros, así que aprovecharon el tiempo para urdir los cargos ", recuerda Víctor sentado en su cama del pequeño bunker, que también sirve como sitio de trabajo, biblioteca y sala de reuniones, todo en uno.

Poco después de su detención fueron sometidos a un trato cruel y degradante, los esposaron y arrastraron desde la habitación a una escalera donde se les obligó a arrodillarse durante cuatro horas. Fadua Tapia, activista de 18 años de edad, estudiante y una de cada tres mujeres que fueron detenidas, fue empujada violentamente al suelo y la esposaron a pesar de que estaba embarazada de pocos meses. Javier Estupiñán, un ingeniero afro-ecuatoriana, perdió un diente cuando la policía golpeó su cabeza contra la pared.

Las pruebas "incriminatorias" recogidas por la policía en el lugar de la detención incluyeron la Constitución de la República del Ecuador, el periódico oficial del gobierno "El Ciudadano", varios libros y folletos sobre Derecho, un documento gubernamental titulado "Defensa de la Democracia, entre otros. Videos como "El último rey de Escocia” y “El exorcista” y camisetas del Che Guevara fueron también presentados más tarde en la Corte como evidencias de las intenciones “terroristas” de los diez activistas acusados. No fueron llamados testigos independientes para verificar el registro de los materiales recogidos.

Cuando por fin los diez activistas comparecieron ante un juez, la Fiscal Diana Fernández los acusó vagamente de «varios» delitos en contra el Estado, sin especificar los cargos exactos. Sin prueba alguna, la acusación insinúa que los diez activistas detenidos estaban vinculados de alguna manera con el "Grupo de Combatientes Populares", un grupo de extrema izquierda acusado de realizar unos pocos atentados con explosiones de bombas el año pasado.

"No tienen ninguna evidencia en absoluto para probar lo que nos acusan, el plan es mantener el juicio el mayor tiempo posible", dice Víctor, que ve los arrestos como parte de una gran persecución a los grupos y activistas que se encuentran más a la izquierda de Rafael Correa, un político socialdemócrata.

Cuando Correa llegó al poder en 2006, activistas como Víctor y muchos otros de izquierda lo apoyaron abiertamente porque lo vieron como una alternativa a la serie de presidentes pro-estadounidenses que el Ecuador ha sufrido desde los años ochenta. Los sucesivos regímenes, bajo la tutela del FMI, redujeron la economía ecuatoriana a escombros creando una ola de descontento popular contra las políticas económicas neoliberales.

Correa fue elegido con la promesa de un mayor gasto público en el sector social y la búsqueda de soluciones a los problemas de la población indígena. Algunas de las promesas se cumplieron, como el aumento del gasto en salud y educación y populistas medidas de ayuda económica para los pobres. La operación de una base de EE.UU. en Ecuador fue cerrada y el gobierno enfrentó a la multinacional Chevron por contaminar el bosque amazónico durante la extracción de petróleo en los años setenta y ochenta.

En el primer período del régimen de Correa también se aprobó la nueva Constitución del Ecuador que consagra, entre otras cosas, los derechos de la Madre Naturaleza, un reconocimiento legal de las preocupaciones de los pueblos indígenas para la protección del medio ambiente. Hasta sus críticos reconocen la existencia de cambios positivos durante los últimos seis años de su régimen, pero señalan que muchos de ellos son cosméticos y ocultan los verdaderos problemas de la economía y la sociedad ecuatoriana.

"Rafael Correa, con habilidad, solamente ha logrado esconder lo pobres del país sin resolver el problema de la pobreza", dice Víctor, y afirma que no ha habido ninguna reforma significativa sobre la desigual propiedad de la tierra en el país o para mejorar los derechos de las poblaciones rurales y urbanas pobres.

Si bien, desde que Correa llegó al poder, la tasa de pobreza se ha reducido de 38,5 por ciento a 28,6 por ciento, Víctor señala que parte de esto se debe a un bono (subsidio) de USD35 que se entrega mensualmente a alrededor de 1 millón 230 mil ecuatorianos pobres, de una población total de 14 millones. El bono, dice, se ha convertido en un instrumento del gobierno para crear un grupo de votantes leales, evitando la reestructuración de la economía a largo plazo para eliminar realmente la pobreza.

La verdadera razón para el conflicto entre los opositores e izquierda y Correa ha sido la decisión gubernamental de permitir la gran minería y la explotación petrolera en áreas altamente eco-sensibles de la cuenca amazónica del Ecuador. Una de las chispas para la manifestación anti gubernamental en marzo de este año, por ejemplo, fue la firma de un contrato con Ecuacorriente (ECSA), multinacional china, para extraer cobre y oro a través de un proceso altamente contaminante minería a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor, zona ecológicamente más ricas del país.

Los críticos del gobierno de Correa indican que, aunque el FMI ya no desempeña un papel fundamental en la orientación de las prioridades y de las políticas económicas como solía ocurrir en el pasado, ahora las mismas funciones han sido entregadas a poderosas entidades económicas privadas como las empresas mineras y petroleras.

"Todos nosotros apoyamos anteriormente a Correa, pero una vez que llegó al poder alineó con la elite adinerada" dice Pablo Castro, ex dirigente estudiantil y uno de los detenidos junto con Víctor. (Mientras lo escucho, la esposa de Pablo y su hijo de seis meses de edad llega con un pastel y algunos dulces para celebrar su cumpleaños en la cárcel. Dentro de pocos días cumplirá 24 años.)

Sorprendentemente para un gobierno que supuestamente está en contra de la "Guerra contra el Terror" liderada por EE.UU., el régimen de Correa utiliza abundantemente las acusaciones de "terrorismo" en contra de sus propios opositores. Según informes de organizaciones de derechos humanos y del Defensor del Pueblo de Ecuador, en el país hay cerca de 200 personas que están siendo enjuiciadas por cargos relacionados con el "terrorismo", aunque el gobierno ha dicho varias veces que no existen organizaciones terroristas en suelo ecuatoriano!

"El derecho penal en materia de terrorismo en el Ecuadores muy general y amplia, lo que significa que fácilmente cualquiera puede ser detenido por mucho tiempo", dice uno de los abogados que representan a Hugo y los otros nueve activistas. El abogado, que no quiso ser identificado, dijo que es preocupante que el gobierno está dispuesto a presionar con fuerza sobre el poder judicial para obligarlos a dictar las resoluciones judiciales que aquel quiere y que existe un clima de temor en el sistema judicial. Varios jueces, en los últimos años, han sido, despedidos de sus puestos de trabajo o incluso obligado a exiliarse debido a sus "inconvenientes" juicios.

Los medios de comunicación también son cautelosos de ir en contra el gobierno de Correa, más aún después de una avalancha de demandas judiciales contra destacados periodistas interpuestas en los últimos tiempos que devinieron en fuertes multas y penas de prisión para varios de ellos. El hecho de que la mayoría de los activistas perseguidos por Correa se hallan políticamente más a la izquierda también supone que hay muy poco apoyo para su causa en los medios de comunicación.

Para Víctor Hugo y sus compañeros activistas en prisión, los nueve meses de encarcelamiento ya han provocado graves daños en términos de empleo, reputación y lazos familiares. Varios de estos activistas también han perdido sus puestos de trabajo, se hallan separados de sus familias y amigos, o en el caso de los estudiantes han perdido portunidades educativas.

"Mi hijo es un dentista y siempre atiende a la gente pobre de nuestra ciudad en forma gratuita. Fue también el apoyo de nuestra familia para pagar nuestras facturas mensuales, pero ahora todo eso se ha perdido ", dice Rosa Romero Álvarez, madre de Royce Gómez, uno de los activistas de Guayaquil actualmente en prisión.

Las familias de los activistas han recurrido a organizaciones de derechos humanos en América Latina y están buscando apoyo internacional para presionar al gobierno de Correa para liberar a sus familiares.

Irónicamente, Ecuador ha ganado los elogios de los liberales de todo el mundo por la concesión de refugio en su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a fin de ayudarlo a escapar de un posible secuestro por el gobierno de los EE.UU.. Es hora de que los partidarios internacionales de Rafael Correa demanden que éste deje de imitar al gobierno de los EE.UU. y permita que el espíritu de la libertad de expresión representada por Wikileaks florezca también dentro de las fronteras de Ecuador.

Posdata: Desde el 7 de diciembre, los diez activistas ecuatorianos en prisión se encuentran en huelga de hambre exigiendo justicia y un juicio rápido. El 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se supone iban a comparecer ante un tribunal en la audiencia en Quito no se realizó porque, misteriosamente, uno de los jueces cayó enfermo justo ese día. El castigo por el juicio de los disidentes del Ecuador parece está destinado a continuar por más tiempo.

*Satya Sagar es un periodista, realizador de video y activista de la salud pública con sede en Nueva Delhi. sagarnama@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

NOTA DEL BLOGER: La noticia no extraña, solo que nos sorprende que no habiendo guerra interna como sucedió en el Perú se haga este tipo de cosas y peor se pretenda sostenerlas en el tiempo. Lo que sí nos preocupa es que dicho juez haya enfermado y no se le comprenda sus debilidades físicas como a las de cualesquier ser humano. Pobrecito, debemos entender que todos podemos enfermar... Lo que preocupa sí es la actitud injusta del presidente del Ecuador.