lunes, 5 de agosto de 2013

AUDIO DE CATERIANO, JIMENEZ, CESAR SAN MARTIN Y JUEZA EN CAMBIO DE SITUACION DEL JUICIO CHAVIN DE HUANTAR



Todo indica que Ollanta Humala y demás poderes del Estado siguen la misma ruta del caso de Madre Mía como lo han hecho en otros más durante los gobiernos anteriores. Bajo estas premisas, el escenario político nacional es más que desastroso, como bien afirman algunos, con criterios políticos y politiqueros por evitar responsabilidades de toda índole.

A estas alturas ya hay un acuerdo político, un consenso, entre todas las fuerzas políticas del país (al margen de los pleitos y líos por corrupción en ciernes que solo sirven de entretenimiento para mantener a la población en la creencia que en el país la justicia es válida y le alcanza a cualesquier personaje) por lograr la impunidad de los involucrados en la lucha contra la subversión en el país llevados a niveles forzados de una cuestión de Estado.

¿La CIDH tendrá la voluntad política de comerse el anticucho de perro preparado por el Estado peruano bajo la administración de Ollanta Humala para el caso de Chavín de Huántar o hará valer la independencia y autonomía de criterios frente a lo que el gobierno peruano quiere imponerles legalista y formalmente?

Los fujimontesinistas tienen la razón ‘legal’ al cuestionar la sentencia del Poder Judicial respecto a la autoría mediática de Alberto Fujimori Fujimori al responsabilizarlo de haber dado las órdenes para las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Esto es válido dado la manipulable que es el poder judicial para que emita fallos a favor de criterios políticos promovidos por el gobierno de turno. De llegar la Keyko al gobierno todo esto va a ser revisado de nuevo y los involucrados se retractarán de lo que dijeron y tendremos que pagarle una indemnización al japonés rata por basarse su condena en opiniones cuestionables y endebles que los magistrados de turno bien pueden torcer ‘legalmente’.

Partiendo de la premisa fujimorista de que Fujimori era un pobre huevón que no sabía dónde estaba parado ni quienes realizaban acciones de genocidio durante su gobierno, lo que es posible, tiene razón al considerar que esa condena es endeble. La misma premisa condenatoria a Fujimori debió implementarse para Alan García Pérez.

Si yo ‘comprendo’ este potencial error, es más que obvio que los reaccionarios de este país ya han entendido que Fujimori es ‘inocente’ en la acusación de las matanzas esas (no hay manera evidente de demostrarlo); más todavía si la política neoliberal (de la que Fujimori ha dicho es el padre del mismo, aunque sea contra natura, afirmaciones que no le hacen ningún favor a su hija la candidata presidencial) en el país ya se ha consolidado en todos los aspectos requeridos desde la firma del consenso de Washington por él, y hoy ciertamente se han beneficiado “todos los peruanos”, ende, todos estamos felices. Esa actitud se reflejó en la repartija en el Chongreso de la República con Víctor Isla Rojas en la presidencia de entonces.

El razonamiento anterior es válido desde la perspectiva política funcional de la racionalidad de los representantes de los poderes del Estado, es decir, la de forzar las situaciones y hechos para lograr la impunidad y la imposición de criterios específicos sean estos por cuestiones personales, políticas o por cuestiones de Estado.

En cuanto a los audios difundidos en You Tube de la presión mediática que intentaron hacer el procurador ante la CIDH Pedro Cateriano (hoy ministro de defensa), el ministro de justicia Jiménez (hoy premier) y el presidente del Poder Judicial César San Martín (hoy ex presidente) frente a la jueza del caso de los de Chavín de Huántar de ese entonces se pone de evidencia en dicho audio.

En dicho audio de antes de junio del año 2012 se pone de manifiesto lo actuado hasta ese momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a sugerencias del procurador Cateriano y del ministro de justicia Juan Jiménez Mayor junto a César San Martín en un probable restaurante pues mientras comían, si bien el primer ministro Jiménez dice hoy que fue en el Poder Judicial, entonces que bien que se come allí en vajilla y junto a la calle. Provecho.

Se pone de evidencia también la preparación para la demolición de los argumentos de los dos policías testigos y del rehén japonés que dicen vieron al emerretista vivo y tirado sobre el suelo. Basándose en el criterio de la demolición de la credibilidad de las afirmaciones de dichos testigos (quitarle valor a los testimonios en palabras de César San Martín) es que se da la idea de generar otras aseveraciones de especialistas tardíos y oportunos que desmientan las aseveraciones del perito forense Baraybar (las afirmaciones de los dos policías es obvio darlos por descontado desacreditar o rectificar). Eso lo denomina “generar un punto de vuelco” en palabras de César San Martín y ello lo ejecutaron peritos españoles alquilados convenientemente para dicha ocasión.

La idea de desacreditar a los testigos por sus juicios probablemente interesados como esgrime César San Martín no exime (si es que no hubo ejecución extrajudicial como afirma el gobierno y sus acólitos de turno en el Poder Judicial) a los tres testigos de un juicio por dicho acto puesto que es un delito (difamación y calumnia contra los intereses del Estado peruano) que deberían ya de haber sancionado deteniendo y encarcelando tanto a los dos policías como al ex rehén japonés. Desde ese punto de vista no están cumpliendo con la ley los magistrados del Poder Judicial y son cómplices pasivos los funcionarios del gobierno al dejar pasar por alto esta situación.

Allí es donde se produce la hipótesis del cuestionamiento de la ubicación del cadáver de Tito y emerge la necesidad de versiones de peritos aun inexistentes que pudieran corroborar las cosas de otras maneras. En esas condiciones hasta ese momento de hipótesis, se le hace sugerencias de fallos forzados a la jueza a los que ella asiente (no es que rechace ni nada por el estilo como dicen algunos medios de comunicación) sino que no son funcionales o ejecutables en las condiciones en los que se hallan las evidencias, las manifestaciones, las argumentaciones expuestas hasta ese momento en el juicio en la CIDH. Ello fue la razón por la que la jueza Carmen Rojjasi falla en contra de las exhortaciones de los allí presentes puesto que, como menciona un medio escrito, respecto a la muerte del emerretista Eduardo Cruz Sánchez (alias "Tito"), resolvió en contra de lo que el Ejecutivo deseaba (de que sea juez y parte en esta causa 'todo por el Perú'), diciendo que había sido ejecutado extrajudicialmente. Tres días antes de ser emitida la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a Rojjasi en su puesto (Correo, 04-08-2013). Obviamente, la conclusión después de la reunión era que dicha jueza no era la persona "más idónea" para este nuevo y forzado plancito por las suspicacias que generaría un cambio de actitud de haber aceptado la propuesta de los visitantes.

Si es que es cierto lo que dice el ex ministro de justicia de que él ordenó la grabación, dicha jueza estaría con la soga al cuello de haber aceptado (para no pecar de ingenuos, como lo actuado definitivamente por los jueces precedentes peruanos en este fallo último de Chavín de Huántar) y se convertiría automáticamente en vasalla de dichos personajes gubernamentales. ¡Todo por amor al Perú!

Hay momentos en que los visitantes quieren influir 'hipotéticamente' (bajo el supuesto esbozado) para que la jueza cuestione las pruebas y las evidencias lo que involucra tergiversar las cosas sea en este caso con la ayuda de peritos balísticos y no de patólogos forenses como lo es Baraybar. Ella sugiere y orienta, no rechaza en ningún momento en el contexto de la búsqueda de argumentos para la defensa de los de Chavín de Huántar.

En un momento Cateriano hace referencia al error de armar el escenario de la embajada por “la peliculina” del gobierno al moverse explosivos y peligros diversos para que pudiera entrar Fujimori Fujimori al día siguiente. Sugiere la posibilidad del sembrado de la granada al emerretista Tito dando a entender que nadie está seguro de que realmente tuviera una granada en la mano en el momento de morir y eso lo observan.

Un audio que daña a todas luces la credibilidad del gobierno y del Poder judicial en cuanto al tema del juicio de Chavín de Huántar en el afán desesperado de que queden todos los actores impunes con una actitud de espíritu de cuerpo lo que deviene en un error que no necesariamente tiene que ver con una defensa cerrada del Fujimori y del Montesinos en la toma de decisiones en la embajada japonesa pero que lo engloba.

Lo que hemos oído a todas luces es una acción válida por cierto puesto que es parte del armado de una defensa legal y donde todos los argumentos son válidos y aceptables pero que debieron quedar en aquel lugar aparentemente discreto y no divulgarse puesto que desenmascara la intencionalidad dolosa de la defensa del Estado peruano de alterar las manifestaciones y los hechos no de manera regular sino de modo irregular.

Tienen razón ahora al decir que se reunieron para empaparse completamente del expediente del juicio de los de Chavín de Huántar. Los resultados de este juicio ya lo hemos visto y hasta la condecoración de los de Chavín de Huántar y en el desfile de 28 de julio en Lima. Encubrimiento de delitos le llaman.

Decir que no hubo presión a la jueza es absurdo e inocentón al argumentar que se desestima con el veredicto de la jueza en contra sus ‘pretensiones’, eso no es argumento para refutar las acusaciones más al contrario es una aceptación de la intensión de tergiversar cualesquier sentencia que se pudiera dar en el contexto del juicio desarrollado en la CIDH. Si fuese editado, trucado este audio no ameritaría en apariencia ninguna defensa ni retrucamiento al respecto.

Quienes han salido a defender al gobierno respecto del contenido de este audio han salido diciendo medias verdades e incompletas. Que hay delito de intento de dolo es más que evidente, eso no lo podrá negar nadie. En ese momento, uno no puede distinguir a César San Martín como presidente de un Poder Judicial del Perú ni a Jiménez como ministro de justicia sino a expertos abogados papelucheros forzando situaciones y circunstancias para ganar un juicio a toda costa.

Nadie en su sano juicio puede echar barro a una acción militar exitosa ni menos pretender poner en tela de juicio legal o judicial a quienes actuaron según las circunstancias. Ello no exime de responsabilidades en el contexto de la legislación internacional a quienes no solo han alterado el escenario de los hechos no solo durante dicha operación sino muchos años después con este gobierno Humalista.

Le “sugiere”, en palabras de Cateriano le exhorta, (en razón a las necesidades expuestas por los visitantes, se dice: ‘que ella sepa más o menos por donde van las balas’) a la jueza que debería mostrar esas ‘pruebas tardías’ de oficio e imponerlas “si la quieres” aunque sea fuera de tiempo y mande al diablo lo que digan los demás, pruebas tardías que cambien el criterio adoptado, esto en palabras de Cateriano dado que él dice ahora que convocó a esta.

Criterios como éste bajo la premisa de políticas de estado lamentablemente han venido también primando con demasiada parsimonia, aceptabilidad e indiferencia en el Chongreso lo que se tradujo en la repartija de miembros del Tribunal Constitucional, BCR y Defensoría del Pueblo como concreción de que los requerimientos legales del modelo neoliberal ya han sido consagrados, ejecutados en su totalidad y el pueblo poco o nada puede hacer en estas condiciones.

En manos de esta gente está nuestro destino. No por tratarse de Chavín de Huántar vamos a suponer que las acciones respecto de la población civil tienen que ser diferentes, ello equivale a actuar con doble rasero y que las implicancias políticas respecto del accionar gubernamental en general están poniéndose en tela de juicio.

Después de haberse puesto en evidencia este audio, esto más se parece a un escenario de una cantina de funcionarios públicos borrachos.

Hay una incongruencia en los defensores gubernamentales y su legislación antiterrorista y es respecto a que en la práctica demuestran no tener una definición clara de si los emerretistas son o no son terroristas dado que siguen el criterio contrario al someterse a un juicio promovido desde la CIDH como bien podría ser desde otras instancias legales internacionales. Una incongruencia difícil de resolver puesto que la paz en nuestra república es solo una buena intensión.

Un reconocimiento tácito y evidente de que la legislación ‘antiterrorista’ está haciendo agua que ni Fujimori la podría sostener sin el apoyo de Montesinos y de la embajada norteamericana que al día de hoy está limpiando sus instalaciones embajadoriles bajo el pretexto de la amenaza de Al Qaeda y no de la concreta censura mundial respecto de las acciones protervas que se han venido ejecutando desde allí. El barajo de Al Qaeda siempre al alcance de la mano de los judíos sionistas árabes promotores del terrorismo global de nuevo cuño.

Decir que el gobierno de Ollanta Humala debería adelantar las elecciones presidenciales es pedir demasiado dado que estas acciones políticas son el común denominador de este Estado reaccionario neoliberal denominado democrático por el que la alharaca de los demás partidos políticos “de oposición” (constructiva o destructiva o como se les quiera llamar) en este tema específico devendrán en una tremenda cojudez, hipocresía y cinismo en su máxima expresión. Ayudarían mucho a este Estado reaccionario y a la tranquilidad nacional correspondiente si se metieran la lengua en el poto lo cual lo veo difícil más por lo puesto en evidencia lo que les da también la “autoridad” “moral” para cuestionar a quienes han puesto en tela de juicio sus acciones vinculados a la corrupción de gobiernos anteriores.

Lo diremos siempre, sus acciones tibias, incompletas, sentimentalistas y ambiguas no le conducirán a ningún buen lugar. El dilema de Shakespeare (ser o no ser) parece ser su gran problema. Asumir que hay una tercera vía (al igual que la aparente ambigüedad de dicho concepto) es un error conceptual que tal parece no puede ni podrá entender. Bueno, diremos que su estilo de gobierno es un estilo fuera de contexto pero estilo al fin y al cabo.

¿Ollanta dizque seguirá combatiendo a la corrupción o terminará genuflexo ante ésta? En aras de la democracia de Vargas Llosa y de las reformas neoliberales emprendidas desde el Chongreso tal parece que ha decidido por lo último. ¿Será?



CHAVÍN DE HUÁNTAR: ARCHIVAN DENUNCIA CONTRA MINISTRO CATERIANO
Jueves, 05 de junio de 2014 | 2:14 pm
 Ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Foto: La República

Denuncia de Juan José Díaz Dios contra Pedro Cateriano, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias archivado.
La denuncia del congresista fujimorista Juan José Díaz Dios, contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias fue archivada por el Ministerio Público liminarmente (es decir a foja cero).
La acusación del legislador de Fuerza Popular procedió después de hacerse pública la participación de una reunión de trabajo de carácter informativo que sostuvo Cateriano Bellido -cuando este fue agente peruano para el caso Chavín de Huántar- con el expresidente del Poder Judicial, César San Martín; la jueza a cargo del caso, Carmen Rojjasi; y el entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
Sin embargo, el fiscal supremo administrativo, Carlos Mansilla Gardella, en resolución del 28 de mayo pasado, afirmó que la denuncia carece de contenido fáctico y de relevancia penal, pues no contiene elementos que hagan presumir la comisión de los delitos denunciados, tales como la existencia de indicio o evidencia de que se haya ofrecido promesa, ventaja o beneficio a algún operador jurídico.
Según el informe, queda demostrado que la conducta, en  aquella oportunidad, de Cateriano no significó un exceso de funciones ni un ejercicio arbitrario de las mismas.
Con esta suprema decisión fiscal, aunada a la que en su momento dispuso el archivamiento de las denuncias contra el expresidente del Poder Judicial y el ex ministro de Justicia, se descarta por completo que se haya cometido algún delito.