sábado, 16 de agosto de 2014

REMOVIENDO LA BASURA DEL SISTEMA CAPITALISTA EN EL PERÚ: EL 'PODER JUDICIAL' EN ACCIÓN

La lucha contra la corrupción ha provocado que el gobierno de Ollanta Humala ponga en marcha sus mecanismos para proteger los términos que manejan de su democracia y a instancias de ésta buscar la protección de quienes la conforman, la desarrollan y la ejecutan con todos sus pros y sus contras.

En razón de ello, aprovechando la circunstancia mediática del caso del MOVADEF se ha iniciado una suerte de cacería de brujas para deshacerse de jueces ‘no idóneos’ que comprometen y ponen en jaque la estabilidad gubernamental humalista y pone en riesgo y en tela de juicio la honorabilidad de los funcionarios públicos gubernamentales (incluyendo a Ollanta) en casos como los del ex Presidente Regional de Áncash César Álvarez y del ex Presidente de Loreto (que dicho sea de paso sus fotos rimbombantes figuran como muestras escolares de presidentes regionales en los libros de Personal Social del nivel primario a nivel nacional).

El Movadef se ha constituido en una suerte de amuleto, chanchito para golpear y de caja de resonancia para tapar las cochinadas del sistema podrido peruano con Ollanta Humala a la cabeza, para no mencionar la de los presidentes regionales. ¡Al lobo, al lobo!, ¡al ladrón, al ladrón!, ¡al puto, al puto!, ¡al terrorista, al terrorista!

La necesidad del sistema de solucionar estos descalabros públicos gubernamentales generados dentro del mismo tiene ya nombre propio y requiere de la asistencia primordial del Poder Judicial. Solo para muestra el caso de Benedicto Jiménez que fue dejado fugarse y hoy es protegido para que intente resolver su caso pero no es posible sin la colaboración eficaz de algunos jueces del Poder Judicial que preside Enrique Mendoza Ramírez (para no mencionar a su colaborador eficaz en la Fiscalía del tal Ramos Heredia).

Renuncias en el caso de estos hechos de corrupción ya los estamos viendo. Lea la noticia del artículo periodístico del Diario La República en http://www.larepublica.pe/16-08-2014/jueces-de-la-sala-penal-nacional-exigen-a-la-suprema-que-asuma-su-defensa

Hay que fingir ser ciegos para no darse cuenta (y para evitar ser ‘reprimidos’ o coaccionados, amenazados o lo que fuese) cómo se están manejando los asuntos de la “justicia” en el Poder Judicial como si no lo hubiésemos vivenciado durante la dictadura Fujimontesinista (léase democracia) en este país del que Ollanta Humala fue su principal defensor y se llevó las vidas de gente presuntamente “terrorista” sin habérseles puesto en tela de juicio tal razonamiento como en el caso de Madre Mía.

La fiesta de la pareja Ollanta-Nadine a todo dar del “Plan de búsqueda de impunidad para todos los actos del Estado durante la Guerra Civil Interna en el Perú” está ya claramente evidenciado que ha traspasado los límites de lo ‘normal’ y ahora apunta a proteger a todos aquellos que se dicen conformantes, representantes y defensores de esta ‘democracia’ si así se le puede llamar, claro que sí, y eso refrendado con las leyes peruanas incluso con la Constitución golpista del 1993 que nos rige hoy.

En el contexto de esta podre del sistema capitalista peruano es que se dicen estar “luchando” contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el Perú, el terrorismo, el narcotráfico, el etcétera, cuando no promoviéndola al mismo estilo mafioso de los Unites States.

A todo nivel, hemos pasado esas cosas y más graves aún, antes, durante y después de la delincuencial y terrorista (en todo el sentido de la palabra) dictadura cívico-militar fujimontesinista pero al final de cuentas siempre hemos visto cómo terminan los que promueven y defienden plancitos como estos y a la podre de este país, en lugar de combatirla aunque sea la del propio hermano (sino, hay el riesgo que el mal se vuelva ‘normal’ y hasta crónico si no se corrige a tiempo). Si ese fuese el caso del Ollanta Humala, las cosas deberían de definirse inmediatamente en el sentido más laxo de la justicia sin presión ni coerción política o de cualesquier índole. Lamentablemente, al igual como en el caso del ‘juicio’ absolutorio de los comandos de Chavín de Huántar, se están abriendo túneles bajo el escenario judicial no para rescatar a la acosada justicia o cosa parecida sino a quienes hacen de la podre y la corrupción del sistema el reflejo más fiel de esta democracia, el de la democracia del nobel peruano Marito MVLl que la ataca o la defiende no por decisión propia sino por la presión social que se ejerce (hasta hace poco atacaba voluntariamente las “dictaduras” como las de Gadafi, la de Assad, apoyando abiertamente a los “rebeldes” delincuentes terroristas que están convirtiendo, junto o en alianza con EEUU y Al Qaeda, el Medio Oriente en un burdel democrático, mismo Israel “la única democracia” del Medio Oriente). Habiendo mostrado su abierta defensa a mercenarios y terroristas de tamaña dimensión de la democracia occidental, no nos sorprende su ‘indiferencia’ ante los gatitos que arañan el escenario peruano. Como están las cosas, es difícil que Marito Vargas Llosa abra su bocota para hablar de democracia y libertad “¡turú, turúuuuuuu!” aunque lo más que se le ha podido escuchar son palabras de indignación ante las atrocidades cometidas por los genocidas israelíes para con los ciudadanos de Palestina en Gaza (cualquier joven ingenuo peruano que solo conoce la ‘historia oficial’ de nuestro país puede creer que este personaje novelesco tragicómico es de ‘izquierda’, ‘social demócrata’ o cosa parecida, nada más alejado de la realidad para un ultraderechista como él con formación de ‘izquierda’ como el que se da en la Universidad La Católica del Perú en los ámbitos usureros de la primicia del Cardenal).

Aquí transcribo parte de la protesta de jueces ante las instancias ‘superiores’ del Poder Judicial.

Jueces de la Sala Penal Nacional exigen a la Suprema que asuma su defensa

Sabado, 16 de agosto de 2014 | 4:30 am

Renunció. Juez Walter Sánchez Sánchez decidió retirarse de los juzgados de la Sala Penal Nacional y regresar a Huaura.

Protesta. En carta al presidente del PJ, Enrique Mendoza, reclaman respeto a sus sentencias. En tanto, renunciaron el juez que ordenó la detención de César Álvarez por el asesinato de Ezequiel Nolasco, y el presidente del Colegiado “B”.

César Romero C.

"Constituye un deber y un derecho del magistrado defender su independencia como piedra angular del ejercicio de su función jurisdiccional, la cual no puede estar sometida a poderes fácticos ni interferencia alguna, por lo que invocamos a la Sala Plena de la Corte Suprema, como máximo órgano deliberativo de este poder del Estado, a defender sus fueros".

Ese es el tercer punto de la carta que los jueces de la Sala Penal Nacional (SPN) remitieron al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y a cada uno de los 18 jueces de la Corte Suprema en protesta por la decisión del Consejo Ejecutivo del PJ de remover a los integrantes del colegiado "F" de ese tribunal que resolvieron el incidente de prisión preventiva del caso Movadef.

Los magistrados enfatizan que toda decisión judicial puede ser objeto de análisis y crítica, como en el caso Movadef, pero que esta crítica no puede llevar a la remoción de magistrados, pues en caso de detectarse alguna conducta irregular, para eso existen los órganos de control.

El Consejo Ejecutivo dejó sin efecto la resolución que removió a los jueces Víctor Valladolid, Olga Inga y Ana Vásquez, pero estos de todas maneras salen de la SPN el 31 de agosto próximo, porque se decidió cancelar la vigencia del colegiado "F" disminuyendo los tribunales de la Sala Nacional.

RENUNCIAS

Pero eso no fue todo. En medio de esta situación, se oficializó ayer la renuncia del juez Walter Sánchez Sánchez, quién ordenó la prisión preventiva del suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, por el asesinato de Ezequiel Nolasco, a seguir dirigiendo el 2° Juzgado Penal Nacional y de Investigación Preparatoria.

Lo mismo sucedió con el presidente del colegiado "B" de la SPN, César Prado Prado. Ambos adujeron motivos personales para alejarse del tribunal que ve los casos más complejos contra el crimen organizado, narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo.

Extraoficialmente se comenta que Sánchez decidió irse por falta de apoyo de las máximas autoridades del Poder Judicial y "crecientes presiones" en el caso Nolasco. Algo parecido sucedió con Prado Prado, por lo que decidió regresar a la Corte de Ayacucho, según sus colegas. Walter Sánchez se reincorporará a la Corte de Huaura.
otros cambios.

Ambas renuncias fueron aceptadas por el Consejo Ejecutivo. En un aparente intento de hacerlas pasar inadvertidas, inicialmente las aceptó en la resolución del 6 de agosto, que removió al colegiado "F".

Incluso ayer se publicó en el diario El Peruano otra resolución que anula lo dispuesto el 6 de agosto y se confirman las renuncias. 

Sin embargo, se ven nuevos cambios. El 6 de agosto se designó a la jueza del Callao María León Yarango para reemplazar a Prado. Ahora, este juez de Ayacucho será reemplazado por el juez de Lima Sur, Marco Cerna Bazán, quien antes ya integró la Sala Penal Nacional.

Y desde el lunes, Ángel Mendívil Mamani, juez penal titular de Piura, ocupará el lugar de Sánchez.

Mientras, el caso Nolasco está paralizado. "No tenemos acceso al expediente", denunció el abogado Guillermo Berdejo. Para evitar más conflictos, el Consejo Ejecutivo diseñará un procedimiento para regular la designación de los jueces de la SPN.
Como podemos ver en cualesquier circunstancias, en el ‘Poder Judicial’ un clavo también saca otro clavo… y como todavía seguimos con la resaca de las Fiestas Patrias, ¡que siga el circo democrático!

LOS IMPERDONABLES: Tomado de http://www.larepublica.pe/02-09-2014/los-imperdonables
 


TRES ASES. Dante Farro, Marco Miguel Huamán, Carlos Ramos Heredia. El primero ya fue abstenido por el Órgano de Control Interno del Ministerio Público.
Hechos por los que el CNM debe suspender temporalmente al Fiscal de la Nación. La semana pasada lo fue el ex fiscal Superior Decano Dante Farro, cuyo enriquecimiento arroja indicios de ser ilícito. Un tercer fiscal debe ser apartado: el que investiga La Centralita, Marco Miguel Huamán. 
 
Ante un pedido de la Procuraduría Anticorrupción, la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo de Nora Miraval, ha abierto proceso disciplinario a Dante Farro, quien fuera el jefe de los fiscales del Santa durante la gestión del presidente regional César Álvarez. También lo abstuvo en el cargo: mientras duren las investigaciones, no ejercerá. Aunque la acusación más común contra Farro es que en 2011 pretendió impedir el allanamiento de La Centralita, un supuesto centro de operaciones ilícitas de Álvarez, el cargo más grave es que pertenecía a la organización delictiva que es procesada por numerosos delitos. La hipótesis es que cobraba un sueldo como parte del aparato legal encargado de garantizar su impunidad.

La importancia de la investigación a Farro radica precisamente en que era la bisagra entre Álvarez y los fiscales supremos que hoy están investigados por una supuesta actuación de favorecimiento al poder regional. Son el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos, y su antecesor, José Antonio Peláez.

La aparición de un audio con evidencias de que Ramos, cuando era jefe de Control Interno, tenía amañado un proceso contra el fiscal Julio César Checa –a quien Álvarez había denunciado–puso todos los reflectores sobre el actual conductor del Ministerio Público. En su caso las sospechas concierten a una supuesta inconducta funcional. Nadie ha dicho, como se ha afirmado respecto de Farro, que Ramos estuviera sobornado por una mafia. Pero una investigación a fondo debería descartarlo. Porque  Farro, por sí solo, no garantizaba la impunidad.

La investigación a quien fuera fiscal superior decano del Santa viene acompañada de evidencias, también señaladas por la Procuraduría Anticorrupción al Ministerio Público, de que Farro mintió en su declaración jurada de bienes y rentas durante el período correspondiente a la gestión de Álvarez. Los pormenores son sorprendentes.

Los ahorros de Dante Farro aumentaron exponencialmente entre 2008 y 2013. Con un ingreso promedio de 15,500 soles para los seis años, sus depósitos subieron de 5,500 soles en 2008, a 110,000 en 2013. Entre 2011 y 2012 hubo un salto de 11,700 a 60,000 soles ahorrados, y desde ese nivel al doble en el último año. El fiscal no  acreditó ningún otro ingreso que pudiera explicar el aumento de los fondos.

Un aspecto contradictorio de la declaración de bienes del fiscal lo exhibe la depreciación que hizo de un departamento en San Borja, Lima. Lo autovaluó en 191,400 soles en 2010 y en 2013 la estimación había bajado a 72,659 soles, un 72% menos que lo declarado anteriormente. De acuerdo con un análisis de la Procuraduría, el origen de los fondos para detentar este bien no está claro, aunque Farro ha declarado que proceden de la venta de una propiedad en La Molina, en 2008. El dinero lo entregó a su hijo, con el que este compró el departamento de San Borja teniéndolo durante más de tres años a su nombre, aunque el verdadero propietario era su padre, el fiscal. Aun explicando la fuente financiera, la agresiva depreciación solo parece tener sustento en la intención de disminuir el desbalance patrimonial.

Tampoco ha acreditado Farro la forma de pago de un departamento en San Miguel, declarado en 2009 por un valor de 40,275 soles. Según el fiscal fue financiado con fondos de Mi Vivienda, pero no lo demostró documentalmente, conforme señalaron miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que lo evaluaron para su ratificación, en 2012. Ese año, una minoría de tres de siete miembros del CNM expresaron reservas sobre sus declaraciones patrimoniales, en la sustentación del voto contrario a su ratificación. Por otra parte, viajes al exterior que ha realizado el magistrado no tendrían respaldo en sus ingresos regulares, o por lo menos la justificación no está a la vista. La Procuraduría pidió investigar el origen de los recursos  que solventaron viajes al exterior de Farro a Colombia, Costa Rica y México.

La investigación solicitada por la Procuraduría Anticorrupción determinará inequívocamente si los bienes y fondos del fiscal Farro fueron bien habidos. Comprende el levantamiento del secreto bancario de él y de sus familiares directos, la auditoría de su movimiento migratorio, la tasación y antecedentes financieros de sus propiedades, entre otras diligencias. De acuerdo con el testimonio de un colaborador ante una fiscalía, Álvarez habría pagado 30 mil soles mensuales a Farro. Según la resolución de Control Interno firmada por Miraval, entre los cargos que se imputan a Farro figura el de pertenecer a la organización criminal de Álvarez a cambio de un beneficio económico, con la misión de hacer fracasar las investigaciones legítimas contra la autoridad de los fiscales bajo su mando. Desde la época de Blanca Nélida Colán un miembro prominente del Ministerio Público –Farro presidía una Junta de Fiscales Superiores– no es imputado de estar a sueldo de una organización criminal.

La situación de Farro se ha agravado por lo que revelaron sus llamadas telefónicas. Estaba en continua comunicación con José Luis Espinoza, un operador de César Álvarez y abogado de Heriberto Benítez. Mientras Control Interno determina qué hacer con su caso, el Fiscal de la Nación personalmente es quien, de acuerdo con sus atribuciones,  llevará a cabo la investigación sobre su supuesto enriquecimiento ilícito que le ha solicitado la Procuraduría Anticorrupción la semana pasada. Salvo que decida no aceptar el pedido, algo a estas alturas impensable. Lo tendrá que  hacer. Y entonces, cuando empezamos a considerar quién investiga a quién en este complejo caso, se advierte la gran distorsión.

Pues a Farro debe investigarlo la cúpula que de acuerdo con todos los indicios apadrinó a Álvarez hasta extremos insostenibles. Ahora mismo, el Fiscal de la Nación está investigado en el CNM, en varios procesos, porque habría usado su cargo de jefe de Control Interno para sancionar a fiscales que allanaron el local de La Centralita, y por no sancionar la conducta de quienes, como Farro, fueron cómplices de Álvarez. El congresista Modesto  Julca acusó a Ramos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concretamente por no investigar a Farro. El 17 de agosto del 2012 Julca entregó a Ramos documentación de veinte denuncias en contra del jefe de los fiscales del Santa. No hizo nada. La más conocida de ellas es que Farro intentó disuadir a los fiscales que iban a intervenir La Centralita con el argumento de que Álvarez tenía mucha influencia “con dos fiscales supremos”. De acuerdo con otra de las denuncias, había una bolsa para pagar a jueces y fiscales en el Santa. ¿Cómo así Ramos, quien nunca esclareció esto, va a investigar ahora el enriquecimiento ilícito de Farro?

Por otra parte, supóngase por un momento que el CNM encuentra responsable a Ramos de los cargos que se le hacen. Habría razón para pensar que la misma lógica encubridora que hubo para favorecer a Álvarez antes de que fuera detenido, la existió después para dirigir las investigaciones que se le siguen, incluyendo la búsqueda de responsables dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Hay forma de corregir la distorsión? La única manera es que el CNM abstenga a Ramos mientras dure la investigación en su contra. Del mismo modo en que Control Interno dispuso la abstención de Farro.

Un tercer fiscal merece la abstención: Marco Miguel Huamán, a cargo justamente de las investigaciones de La Centralita. En junio pasado se reunió impropiamente con un ministro de Estado, el titular de Justicia, Daniel Figallo. Ha hostilizado al principal colaborador eficaz, el 001, al punto que este rompió sus relaciones con el Ministerio Público. Cuando el policía Wilmer Mejía entregó un audio indicativo de que Ramos Heredia direccionaba la investigación contra un fiscal anticorrupción, Huamán se negó al pedido de la Procuraduría Anticorrupción de que se envíen al CNM y al Congreso copias de este material probatorio. Son las instancias en las que se investiga a Ramos. Huamán las derivó a Control Interno, donde son inútiles, pues carece de atribuciones para investigar a un Fiscal de la Nación.


Buscarían evitar que el CNM pueda suspender a Ramos y a Peláez


Domingo, 07 de septiembre de 2014 | 4:30 am
Caso. Ramos y Peláez están sometidos a una investigación preliminar en la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura.

Decisiones. Hasta cuatro consejeros podrían verse impedidos de intervenir en investigaciones a fiscales supremos, y el Consejo, de siete miembros, no podría tomar decisiones por falta de quórum. Sospechosa actuación de Paz de la Barra.

César Romero C.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se enfrenta a una difícil situación tras el pedido del consejero Vladimir Paz de la Barra de suspender al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y a su antecesor en el cargo José Antonio Peláez Bardales por presunto encubrimiento de las actividades del detenido presidente regional César Álvarez en el caso "La Centralita".

Si bien un grupo de consejeros podría estar a favor de apoyar esa decisión, esto no es lo que corresponde en este momento, y pues una decisión de esta naturaleza, lejos de mejorar la administración de justicia, generaría una situación de caos e inestabilidad en el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación.
Algunos consejeros consideran que el pedido de Vladimir Paz de la Barra es una trampa legal, un regalo envenenado y prematuro que va a ser rechazado.
La desconfianza nace, en principio, del hecho de que el estudio de abogados Paz de la Barra, que hoy dirige su hijo Álvaro, defendió a César Álvarez y lo seguiría defendiendo, y del enredo que genera su pedido.

Limpieza
Precisamente, este último viernes el pleno del CNM, que integran Pablo Talavera (presidente), Luis Maezono (vicepresidente), Gonzalo García Núñez, Luz Marina Guzmán, Gastón Soto Vallenas, Máximo Herrera Bonilla y Vladimir Paz de la Barra le dijeron a este último, que debía inhibirse de intervenir en los casos de Ramos y Peláez para darle transparencia al proceso, dada la defensa que su hijo hizo a favor de Álvarez.

Paz de la Barra no estuvo de acuerdo y al término de esa reunión presentó al presidente del CNM un pedido para que en un próximo pleno, el jueves, se proceda a la suspensión inmediata de Ramos y de Peláez.
En esa reunión también se habló de otras inhibiciones que terminarían por neutralizar a todo el Consejo.

Esta es la segunda vez que Paz de la Barra hace este pedido. La primera vez fue en julio y fue rechazado de plano, teniéndolo por no presentado, pues no es el momento apropiado para tomar esa decisión, ya que aún falta concluir la investigación preliminar.
Ramos y Peláez están sometidos a una investigación preliminar en la Comisión de Procesos Disciplinarios, un proceso en el que se deben reunir los elementos y pruebas necesarios que permitan al Consejo decidir y justificar el inicio de un proceso disciplinario de destitución.

Será recién, luego de que el pleno decida el inicio del proceso disciplinario, que corresponderá debatir y decidir si, además, debe suspenderse a los funcionarios comprendidos en la investigación. 
La suspensión debe estar basada en pruebas e indicios, y no en el número de investigaciones. Además, es un acto que debe notificarse a los afectados para que estos puedan ejercer su defensa. 

Tomar una decisión apresurada, de cara a las tribunas o los medios de comunicación, como supuestamente pretendería Paz de la Barra, según varios consejeros, afectaría el debido proceso y los afectados pueden recurrir a la jurisdicción constitucional, para anular la sanción que les imponga el CNM.
Como se recordará, hace unos meses el CNM se vio enfrentado al Tribunal Constitucional por deficiencias al fundamentar el no nombramiento de dos postulantes a fiscales supremos, caso en el que también Paz de la Barra tuvo un papel protagónico. En un principio votó a favor de un candidato y luego se le opuso tenazmente.

Así, el CNM podría esta semana suspender a Ramos y este ser repuesto por un juez constitucional, con lo cual un nuevo Fiscal de la Nación no tendría estabilidad para hacer cambios en el Ministerio Público.
Dudas 

El otro hecho que hace dudar a los consejeros de la transparencia del pedido de Paz de la Barra es que gracias a una denuncia suya Ramos reabrió una absurda investigación al consejero Gonzalo García por ratificar hace un par de años a un juez que tenía una condena suspendida.
Ese caso había sido archivado por el anterior fiscal de la Nación José Peláez en enero de este año. Pero Paz de la Barra pidió reconsideración y Ramos se la concedió. Una denuncia que, de prosperar, no solo afectaría a García, sino a todo el CNM, pues una ratificación no se decide por un solo voto.

Luego de reabrir la investigación fiscal, Ramos utilizó ese caso como excusa para pedir que Gonzalo deje la Comisión Disciplinaria, pues se había suscitado, dijo, un conflicto entre ambos. 
Para entender mejor esto, debemos precisar que García no es solo un voto menos, a favor o en contra, en el pleno CNM. Él junto a Herrera Bonilla y Gastón Soto integra la Comisión de Procesos Disciplinarios que se encarga de investigar a Ramos.

Corresponde a dicha Comisión reunir los elementos de convicción que permitan al pleno del CNM decidir abrir un proceso disciplinario y proponer, de ser necesario, la suspensión en el cargo.
Dentro de la Comisión, Herrera, como representante del Ministerio Público, se inhibió de investigar a Ramos y Peláez, por lo que si procede la tacha presentada contra García solo quedaría Soto para investigar.

Así, el CNM tendría que reconformar dicha Comisión, lo que retrasaría cualquier decisión, no solo en estos casos, sino en todos los temas pendientes de resolver.
Vistas las cosas de esta manera, resulta que el mismo consejero que hoy pide suspender a Ramos y Peláez ayer propició que se tache a García y que se paralice la Comisión de Procesos Disciplinarios, que debe reunir los elementos o pruebas que justifiquen sancionar a ambos fiscales supremos, es decir, bloquea su mismo pedido.

¿Quién reemplazaría a Herrera y García en la Comisión? Los primeros que serían convocados para integrar la susodicha Comisión son Paz de la Barra y Guzmán. 
Pero Paz debería inhibirse por la defensa que su estudio de abogados hace de Álvarez y, también ahora, por pedir la suspensión de Ramos y Peláez, ya que de esta manera adelantó opinión en contra de los investigados por la Comisión.

Guzmán también podría ser tachada. Para la mitad de Chimbote, ella también fue víctima de Álvarez, mientras que para otros, recibió apoyo de dicho personaje. Por lo que, en determinado momento, tengan o no la razón, unos u otros le pedirán que se aparte del caso. 
Inmovilidad

Con lo cual, podría llegar el momento en que solo tres consejeros: Talavera, Gastón y Maezono estarían aptos para integrar la Comisión, pero ya no podrían decidir en el Pleno por falta de quórum. Esto ha sucedido antes y ha generado el actual embalse de 68 investigaciones preliminares pendientes que se había decidido resolver en estos días.
Así, la única salida posible parecería ser que se rechace o se retiren todos los obstáculos que impidan a la Comisión de Procesos Disciplinarios tomar decisiones dentro del respeto al debido proceso. Un linchamiento o una defensa obstruccionista solo favorecería la corrupción.

El futuro incierto de los fiscales 
El CNM solo evalúa la conducta jurisdiccional de los magistrados supremos. En caso de encontrar indicios o hechos que supongan la comisión de un delito, debe solicitar el antejuicio al Congreso de la República e informar al Ministerio Público para la investigación respectiva.

Ramos Heredia es investigado preliminarmente por el Consejo por pedir sancionar al fiscal Luis Checa por investigar a Álvarez, no sancionar a la fiscal que archivó el caso Sánchez Paredes, por recibir en su despacho a Rodolfo Orellana y por sancionar benignamente al fiscal Farro Murillo.
José Peláez afronta investigaciones por cambiar hasta a 12 fiscales en el caso "La Centralita", negar asistencia a Estados Unidos en el caso Sánchez Paredes, no sancionar a Farro Murillo y por tener de asesor a un socio de Rodolfo Orellana.