sábado, 4 de julio de 2015

FALLO DE LA CIDH 2015 CON RESPECTO A LA ACCIÓN DE LOS COMANDOS DE CHAVÍN DE HUÁNTAR Y DE LA ACCIÓN DE LOS ‘TERRUCOS’ DEL MRTA

Nadine y Ollanta y la honestidad humalista

Nadie duda de la espectacular acción que representó el comando Chavín de Huántar en la retoma de la embajada japonesa el 22 de abril de 1997 luego de que el gobierno de Fujimori hiciera el show, la finta de conversaciones y negociaciones al más alto nivel incluyendo la participación de la Iglesia Católica en el sembrado de una red de escucha electrónica, para que los miembros del MRTA ‘salieran’ al exilio mientras que era otro el destino que se les había preparado con anticipación, al haberse entrampado totalmente no solo las conversaciones sino también las salidas y como todos vimos quedaba bajo entera responsabilidad del gobierno de turno la solución del caso por lo que pudimos prever que el MRTA se había acabado en esa acción. Luego, ciertamente el MRTA pecó de ingenuidad de tamaña dimensión más en razón a su postura de relajo y confianza a antojadizos ofrecimientos que contribuyó también a que las víctimas hayan sido mínimas puesto que de haber ingresado a la embajada con una mentalidad más asesina los resultados habrían sido otros más que las meras ilusiones de una negociación ‘diplomática’ y la acción heroica de los comandos que intervinieron para rescatar a los rehenes de la embajada japonesa.

Hasta allí todo bien, incluso el repase de los emerretistas. Luego vino la acción del escurridizo emerretista Tito que pretendió colarse entre los rescatados para intentar fugar. Fue reconocido, detenido y fusilado con un tiro en la nuca. El rehén japonés afirma que lo vio y escuchó cosas que el gobierno ‘desmintió’ aduciendo que en plena acción de las explosiones no era posible escuchar nada (¿durante la reconstrucción de los hechos, a los representantes de la CIDH les hicieron ponerse tapones para que no les haga daño el sonido o para que no escuchen?) y que según los defensores de los comandos eso ‘rebatía’ dicha tendenciosa y calumniosa afirmación. De esta acción hasta se hizo películas contratadas para presentar a su manera los hechos desde una sola perspectiva, la del vencedor.

Durante los primeros años después de los hechos se hicieron las pesquisas de dicha acción ‘demostrándose’ que Tito fue ejecutado extrajudicialmente y el gobierno durante más de una década no hizo nada por enfrentar dichas afirmaciones (no las tenía) sino que tenía que llegar el gobierno del militar Ollanta Humala (el ex capitán Carlos) para que mediante la acción decidida y concertada de Pedro Cateriano y compañía se lograra la defensa de los comandos de Chavín de Huántar y recién se definiese inteligentemente y se ‘demostrase’ que no hubo ejecución extrajudicial con lo que ‘se libró’ al ejecutor o ejecutores y a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos de toda culpabilidad (del cual se jacta hoy a través de las redes sociales de internet) tal y como venía haciendo el Ollanta Humala con la intensión de liberar incluso no solo al delincuente Alberto Fujimori para el que ofreció incluso el indulto.

La defensa de la acción de los comando de Chavín de Huántar tiene muchas aristas, muchas de ellas construidas al amparo de su propia defensa y de la necesidad de impunidad de todos los actores políticos y militares involucrados en la Guerra Interna como lo ha demostrado este gobierno humalista de manera planificada y concertada, algo en el que el actual Primer Ministro Pedro Cateriano ha demostrado gran habilidad para concertar decisiones durante su cargo como defensor de los comandos ante la CIDH.

El fallo de la CIDH del 30 de junio del 2015: Un nuevo proceso judicial ordenado por la CIDH con respecto a este caso de Chavín de Huántar es la consecuencia directa (será que no los impresionaron lo suficiente con la reconstrucción) y más específicamente del emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (a) Tito.
Réplica de la embajada japonesa.

La reconstrucción de los hechos en la réplica de la embajada japonesa y no en las propias instalaciones de la embajada japonesa, con la presencia de tres miembros de la CIDH, se correspondió con la oportuna necesidad de eliminar las pruebas de las acciones que en términos policiales se refiere a la remoción de las evidencias y alteración de los hechos. Es absurdo y poco creíble que una reconstrucción se haga en un escenario ajeno al que debía ser como prueba de los hechos. Es más que evidente que dado una mediática actitud gubernamental negligente por mostrar la verdad de los acontecimientos, el escenario real de los hechos fue destruido, demolido, pensando básicamente en estas implicancias y no en la necesidad de reconstruir los reales hechos en dicha embajada.

Lo actuado por parte de los defensores del comando Chavín de Huántar y de los jueces del Poder Judicial denota que ante el fallo de la CIDH carecen de la credibilidad total de imparcialidad como para dirigir cualesquier investigación al respecto en cualquiera de sus fueros. No es la figura de la asociación ilícita para delinquir pues es un acto lícito que los poderes del estado concurran todos (incluyendo el contrato de inteligentes especialistas extranjeros) para unificar criterios para evitar que cualesquier miembro que participó en la terminación violenta de los falsos diálogos con el MRTA sea acusado, menos procesado, al amparo del espíritu de cuerpo de la defensa del estado lo cual no corresponde directamente puesto que los involucrados no representan a todo el estado peruano sino a una circunstancia mediática de personalidades relacionadas y reunidas alrededor de un escenario como lo fue la embajada japonesa, la delegación territorial y política del Japón en el Perú.

En cuanto a los involucrados del MRTA, en razón de sus principios ideológicos que dicen exponer, la petición de reparaciones en dinero siquiera mínimas por la ejecución extrajudicial del combatiente Tito ordenada por Alberto Fujimori Fujimori a pedido de su asesor Vladimiro Montesinos Torres, es una gran contradicción que ni debería sugerirse salvo a instancias de los defensores de los comandos de Chavín de Huántar. Con respecto a las palabras del Ollanta Humala Tasso del no pago de dinero alguno a los ‘terrucos’ del MRTA se corresponde con la altura de su dignidad presidencial más que de ex militar combatiente contra la subversión en el Perú quien fue librado oportunamente por el Poder Judicial de desapariciones forzadas (extrajudiciales) en la selva de Madre Mía. ¿Cómo es posible que la ‘izquierda’ peruana se haya tragado con botas y todo a semejante personaje caricaturesco tan solo por un mero acto electoral?

En cuanto a todos los miembros del Poder Judicial hay la necesidad de buscar la impunidad concertada en los aspectos que corresponden a la defensa del estado, en este caso, de la defensa actual de los comandos y dirigentes involucrados en la retoma de la embajada japonesa. El humalismo ha puesto en evidencia esto a través del Congreso de la República.
Ciertamente que los de la ilustración no dicen por que quieren o creen sino por la presión externa.

Lo que resta esperar de este caso de la ejecución extrajudicial del combatiente guerrillero del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (a) Tito, es que se dilate en el tiempo del mismo modo como se dilata hasta ahora la responsabilidad de Alan Gabriel García Pérez de haber ordenado durante su consejo de ministros no solo la develación del motín de los penales de Lurigancho y del Frontón sino las ejecuciones extrajudiciales (al mando de Agustín Mantilla alias ‘Rambo’) del que hasta hoy no hay ningún procesado ni sentenciado, pese a existir las aseveraciones de un marino que afirma que recibió las órdenes para dichas ejecuciones extrajudiciales en los baños del Frontón. Seguramente otro mentiroso más como el rehén japonés.

No debemos sorprendernos de todo lo actuado en el contexto de la Guerra Interna de nuestro país, es justificable una ejecución extrajudicial pese al cacareo. Esto no es un show  de bandos concertados como parte de un juego televisivo, es un conflicto ideológico, político y militar que se inició en 1980 y cuyos antecedentes son más anteriores y hasta podríamos decir históricos que mal que bien se están resolviendo en las circunstancias actuales a consecuencia de los mismos. Hace falta más que concertar y unificar criterios para impresionar y embaucar judicialmente a la comunidad internacional (eso lo sabe muy bien el experimentado invasor George Bush hijo).

El Poder judicial como juez y parte a lo largo del conflicto armado en el Perú, vencedores del conflicto mediático, ha buscado la impunidad concertada en los asuntos internos referidos a hechos como estos, eso lo vemos por ejemplo en la búsqueda de impunidad en los casos de matanzas contra la población indefensa que con evidencias o no, presionados por las circunstancias o no, apoyó o se asume apoyó a la subversión en el país. Hay muchos responsables involucrados en matanzas a los que el Poder Judicial ha limpiado (casi hasta emocionalmente) y que ya han salido libres y se pasean alegremente con sus auspicios y hasta participan de cargos en la política nacional (el emblemático caso Urresti). Es la demostración palpable de que la “reconciliación” es un puto término empleado por gente ridícula en este país como aquella idea de a los auspicios del frustrado liderazgo de la actual congresista fujimontesinista humalista Martha Chávez Cossío se pretendió reformular y constituir una “nueva” CVR o “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” con el aval del pleno del actual Congreso de la Repartija.

¡Qué tiempos aquellos los de Pedro Cateriano actual Primer Ministro y brazo derecho del Ollanta Humala para el que la ‘honestidad’ fue la diferencia! Lo reconocemos, hay un amplio sector de la población (la indecisa le llaman) que necesita escuchar de estas estupideces para decidir por quien votar, a quien elegir, puesto que es más emocionalmente estúpida que racionalmente estúpida. Claro, no estoy hablando de quienes ya saben por qué y por quién votar con pleno uso de sus facultades y necesidades sean estas para robar o para la ‘honestidad’ al estilo del borracho conductor humalista Otárola.

La leguleya criollada y total metida de pata del gobierno humalista y de absolutamente todos los Poderes del Estado concertados para este fin es más que evidente. Los familiares de los románticos  revolucionarios emerretistas por su lado pierden el tiempo en tratar de demostrar que hubo ejecución extrajudicial (sinceramente, en este país a nadie le importa bajo la premisa de la guerra global contra el terrorismo) puesto que lo que nos ha demostrado también la CIDH con su fallito es que poco o nada puede hacer para no entrometerse en las decisiones de un sector dominante del poder en un país en pleno conflicto armado pues no tiene esas facultades que sí las tendrían otras convenciones internacionales.

A estas alturas, pese al falso y fingido cacareo de indignación pública del neo fujimontesinista Ollanta Humala Tasso de no pagarles ni un centavo a los ‘terrucos’ (que sí pagó a los testigos de las desapariciones en Madre Mía), sea cual sea el gobierno de turno, estarán más que disponibles para pagar dinero a los familiares que permitir que se desenmascaren sus fechorías (planes) legales a todo nivel por lograr la impunidad legal (‘reconciliación’ al entender fujimontesinista humalista aprista belaundista etcétera) de todos los actores políticos y militares involucrados durante la Guerra Interna en el Perú, a paso de vencedores. Los familiares de los emerretistas tienen la última palabra: dinero o dignidad, aunque sea de ‘terrucos’.

LO SIGUIENTE HA SIDO AÑADIDO EL 22-08-2015

DETIENEN (EX) CORONEL PERUANO POR PRESUNTA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE GUERRILLEROS
© ASSOCIATED PRESS


El coronel retirado del Ejército de Perú Jesús Zamudio fue detenido hoy (22-08-2015) en Lima por su presunta participación en el caso de la supuesta ejecución extrajudicial de miembros del grupo armado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1997, informaron fuentes oficiales.

El director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aseguró al diario El Comercio que Zamudio fue puesto hoy a disposición de su institución, cuyos funcionarios ordenaron su ingreso en la prisión de Castro Castro, situada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Zamudio se encontraba en paradero desconocido para eludir una orden de detención que tenía desde 2002 por ser el principal acusado de la muerte del subversivo Eduardo Cruz (alias "Tito") en la operación militar Chavín de Huántar.

La intervención liberó en 1997 la residencia del embajador japonés en Lima de un secuestro de 126 días perpetrado por 14 integrantes del MRTA, que murieron en la operación.

El procurador que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el mandato del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Ronald Gamarra, indicó al Canal N de televisión que Zamudio estuvo a cargo del personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que participó en la intervención.

"A Zamudio se le informó de la captura de 'Tito' afuera de la residencia del embajador de Japón. Él ordenó que lo ingresaran al interior de la residencia y después apareció muerto", explicó Gamarra.

Un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió que continuaran las investigaciones sobre la muerte de "Tito" y estableció una rehabilitación de salud para el hermano del guerrillero.

El fallo de la CorteIDH fue fruto de un proceso planteado por las familias de los "emerretistas" muertos a partir del testimonio del diplomático japonés Hidetaka Ogura, que dijo haber visto con vida a "Tito", dado por fallecido en combate con los comandos militares.


La operación Chavín de Huántar, autorizada por el expresidente Fujimori, permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida de la residencia del embajador Morihisha Aoki. 
EFE