jueves, 15 de febrero de 2018

SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO (SICARIATO) POR PARTE DE LOS SICARIOS DEL GRUPO COLINA: CASO PATIVILCA, LA ANTESALA DEL SICARIATO ACTUAL.


Hermoza Ríos piensa (hipotéticamente): “Pobre Presidente Fujimori, pensar que no sabe absolutamente nada de lo que hacemos en el país, si no indulta a los guerrilleros del grupo Colina, lo mandamos a la mierda, así que a obedecerme calladito nomás”.


El 29 de enero de 1992, más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La Cantuta, efectivos del grupo Colina, al mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Martin Rivas, acudieron a Pativilca para cumplir con un "encargo" del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.

Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de senderistas, y pidió a un familiar cercano a Hermoza que "le diera una mano".

Por orden de Hermoza y bajo la dirección de Martin Rivas, los integrantes de Colina llegaron a la zona a las dos de la mañana; y secuestraron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) .

Luego de reducirlos, los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

Este crimen tiene el mismo modus operandi del ocurrida en la provincia de El Santa, en la región Áncash, el 2 de mayo de 1992, dos meses antes de la masacre de La Cantuta.

LA IMPLICACIÓN DE FUJIMORI

El técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina que confesó su participación en la masacre de Pativilca, ha sido clave para dar con la responsabilidad de Fujimori en este crimen.

Ortiz Mantas es uno de los pocos exagentes que ha señalado que Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, quien respondía a las órdenes de Fujimori. Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el exagente respondió:

"(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (...) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior".

Esta declaración, además de sentencias judiciales como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que indican la responsabilidad de Fujimori como autor mediato, habrían sido determinantes para que la justicia chilena autorice un nuevo juicio contra el expresidente por crímenes de lesa humanidad.

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Desde mucho antes de la captura de Abimael Guzmán Reinoso en setiembre de 1992, el grupo Colina bajo el mando y autorización desde el gobierno por parte de Alberto Fujimori Fujimori, uno de los jefes de ese comando paramilitar, ya sabían a plenitud su ubicación después de su abortada captura en noviembre de 1990 con lo que echa por tierra todo ese show peliculero sobre los estertores de su captura en setiembre de 1992, dicho líder se había convertido en una suerte de rehén de la inteligencia peruana reaccionaria y obviamente con el conocimiento de la embajada norteamericana en el Perú.

Miente profesionalmente Ketín Vidal al decir que Sendero Luminoso estaba ya a un paso de tomar el poder en el país, concepto que forma parte de su megalomanía de otorgarles a sus enemigos un poder que realmente no tienen para sacar réditos de cualesquier índole.

En el caso Pativilca (y otros similares) “En este caso el Grupo Colina había dejado de lado la máscara de la guerra antisubversiva para actuar como sicarios el 2 mayo de 1992, por un “encargo” que le dio el  entonces todopoderoso general Nicolás Hermoza al mayor Santiago Martin Rivas. En esa oportunidad un empresario chino, quien enfrentaba una disputa por unos terrenos, acusó falsamente a las víctimas de senderistas y pidió a un familiar cercano al general Hermoza que se hiciera cargo de los pobladores.” (http://www.cronicaviva.com.pe/columna/matanza-de-pativilca-crimen-sin-castigo/ ).

Dicho accionar de los militares reclutados por los mandos políticos y militares del fujimontesinismo fue progresivamente mutando en el sicariato, como el actual, donde se entrena, se protege, se recluta delincuentes comunes que hagan las mismas funciones antaño de ellos dado que es otro el contexto mediático y no cabe exponerse directamente como miembros de las fuerzas armadas peruanas reaccionarias.

El caso Pativilca fue algo así como la partida de nacimiento del poder delincuencial y corrupto constituido a instancias de seguridad del estado reaccionario que se ofreció a los diferentes gobiernos regionales del país como parte integral de la guerra contra subversiva. De allí emergen los engendros como los Orellanas, los Torres y otras manifestaciones más burdas con alcaldes de poca monta que se vieron “traicionados” por el contexto mediático derivado a consecuencia del repliegue mediático de las fuerzas subversivas en todo el país (me atrevo a decir que en otros países vecinos) a fines de la década de los 90.

A ese tren del sicariato y la corrupción institucionalizada incluso a ella se plegó el que en su momento permitió la captura de Abimael Guzmán muy probablemente considerado luego como el acto de traición del más alto nivel en la inteligencia peruana reaccionaria. Me refiero al “cazador” Benedicto Jiménez (a) Ñoño, protector del clan Orellana, que a consecuencia de ello fue marginado convenidamente en los ascensos de escalas policiales para luego prestar sus servicios a instrumentos cívico-militares y políticos como también empresariales para hacer plata fácil con los mecanismos legales que permiten las instituciones del estado reaccionario constituidos en el país a instancias de la lucha contra Sendero Luminoso.

La captura y todos sus prolegómenos solo son parte funcional de lo que ya se había definido con anterioridad y que la ejecutó el cazador como resultado de la pérdida de control sobre la seguridad del estado por parte de los mecanismos de inteligencia apristas (la culminación del primer gobierno del Alan García Pérez) y el temor inherente a que dicha inteligencia se vuelva contra ellos mismos (caso del intento de captura del Alan García en el Perú y su posterior asilo en Francia).

El caso como Odebrecht no se circunscribe a esta modalidad de corruptela institucionalizada sino que se reciclaba acorde con esta estructura ya consolidada con el fujimontesinismo e instrumentada indistintamente sea con el toledismo, aprismo, humalismo o los que fueran.

El espionaje telefónico, el chuponeo, se configura a partir del patrón estructural fujimontesinista derivado a consecuencia de la lucha contra Sendero Luminoso y en cierto sentido contra el MRTA. Sobre ella se han montado las diversas formas politiqueras electorales en el país que utilizan esos ‘services’ ilegales en el mercado de las telecomunicaciones que dicho sea de paso, también pretende deshacerse de su intervención directa (como los sicarios del grupo Colina) alquilando servicios clandestinos, ofreciendo materiales diversos en el mercado informático informal haciendo ver como que es fácil de disponer sobre las cuentas de ahorristas y empresarios en el país, registros de llamadas, es decir, la de deshacerse de responsabilidades legales y políticas para crear adrede un clima de zozobra en el Perú tal y como ya se consolidó en otros países caso de México con el apoyo ‘incondicional’ de los EEUU. Y como somos incompetentes en este país, hay que permitir que todo suceda así como se le dejó carta libre a fines de 1990 a Abimael Guzmán para seguir operando por dos años más hasta su captura final o como para que algunos aviones (entre ellos algunos aviones fantasmas) penetraran fácilmente en el espacio aéreo de New York el 11S.

Esta clase política (con atisbos de gendarmería militar policiales) en esencia fujimontesinista pero no declarada fujimontesinista está todavía en los diferentes instituciones del estado reaccionario peruano aunque bajo formas más estilizadas y recubiertas convenientemente con las normas mediáticas y las leyes engendradas para ese sustento. La crisis que emerja en el país se deberá por ello exclusivamente a esa estructura neoliberal y no a otras razones que se puedan esgrimir salvo que para buscar culpables gratuitos o chivos expiatorios. La actual crisis general en el país se debe a lo mismo; la delincuencia inteligentemente organizada por los mecanismos de seguridad del estado reaccionario, el sicariato, los marcas, las mafias, el narcotráfico policial militar e incluso la delincuencia común está construida a partir del sistema incipiente capitalista neoliberal servil y dependiente peruano. La herencia neoliberal de los Fujimori y Montesinos.

Seguridad del estado reaccionario, los medios de comunicación y la opinión pública afín por aquel entonces declararon que fue Sendero Luminoso el responsable del asesinato de dichos campesinos en Pativilca (como el caso de algunos líderes sindicales estorbos al gobierno como Pedro Huillca Tecse por el cual muchos ingenuos siguen creyendo que Sendero Luminoso se atribuyó la “autoría” y que fueron los mismos líderes que lo afirmaron y en qué condiciones por supuesto). Entendimos muy bien las implicancias de la corruptela política y politiquera del fujimontesinismo por permitir asesinatos y genocidios al amparo de una falsa “lucha” contra el “terrorismo”, es decir, también la de robar descaradamente en cualesquier lugar del país, vidas, propiedades particulares y comunales de quienes no pensaban como ellos o no coincidían en su lucha contra Sendero Luminoso atribuyendo a éstos la autoría.

Si se capturó a Abimael Guzmán, si se derrotó al terrorismo, no cabe duda que resultaría fácil también acabar con la delincuencia común y la delincuencia organizada pero no se hace por cuestiones de conveniencias diversas de sobrevivencia del sistema, es decir, las víctimas actuales de este estado de situaciones deben entender que solo son de responsabilidad del sistema que ellos mismos eligen y defienden; sin pena ni gloria, es decir, ni deberían de llorar por sus familiares muertos y simplemente enterrarlos. Bueno, no está mal llorar por inercia, por la costumbre, aceptando sin cuestionamientos que son un simple y barato costo social (como decía Cara de Haba en referencia a las víctimas de la matanza de la Cantuta asesinados por sospecharse plenamente de ser “terroristas”).

Quién sabe el tiempo demasiado cercano (dada la actual preocupación in extremis de Rex Tillerson, conocedor de la real situación económica de los EEUU más que nosotros) nos dirá si en el Perú (como en Siria se hizo con ISIS o Daesh y sus “rebeldes” sirios) se podrá sembrar un cierto tipo de terrorismo democrático por parte de la embajada norteamericana con la colaboración de sus inteligentes súbditos políticos, militares y civiles peruanos. No nos extrañarían sus aptitudes después de lo sucedido con el 11S. Hechos y pruebas al canto.

Los atentados con dinamita recientemente ocurridos en Bolivia, Oruro, al margen de ya ser terroristas, todavía no son evidencias contundentes de una acción terrorista democrática reaccionaria boliviana, pues harán falta más acciones como esta para poder establecer que eso está ocurriendo.


Más de lo mismo. El éxito neoliberal.